La participación electoral puede adoptar múltiples formas que contribuyen a la realización de los derechos civiles y políticos. Los votantes y los candidatos ejercen, respectivamente, su derecho de voto (sufragio activo) y su derecho a presentarse a elecciones (sufragio pasivo).
Los miembros de los OGE ejercen su derecho a tener acceso a la función pública en su país. Los periodistas y profesionales de los medios de comunicación ejercen su derecho a la libertad de opinión y expresión y contribuyen a cumplir el derecho de todos los ciudadanos y del público en general a acceder a información relacionada con las elecciones. Los observadores nacionales, los mediadores electorales, los agentes de educación electoral y otros representantes de la sociedad civil ejercen su derecho a participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones interesadas en la vida pública y política del país.
La desigualdad de género y la discriminación en la sociedad y en la política tienen un impacto negativo en la participación de las mujeres en las elecciones. En diversas capacidades, como votantes, candidatas, periodistas, representantes de la sociedad civil y administradoras electorales, las mujeres se enfrentan con frecuencia a barreras sociales, físicas, psicológicas, económicas y culturales que obstaculizan el pleno ejercicio de sus derechos de participación y, a menudo, sufren discriminación y violencia.
